Cambios en la ley de migraciones argentina

por | Jul 1, 2025 | Argentina

🧾 Análisis doctrinario sobre la presunta legalidad formal y material del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025

¿Qué implican realmente los cambios en la Ley de Migraciones Argentina introducidos por el DNU 366/2025? ¿Respetan la Constitución o vulneran derechos fundamentales? Este artículo explora, con mirada jurídica, el alcance formal y material de un decreto que podría cambiar el paradigma migratorio argentino.

⚖️ I. Introducción a los cambios en la ley de migraciones argentina

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 366/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, reformula pilares clave del sistema migratorio argentino. Afecta directamente la Ley 25.871 de Migraciones, la Ley de Educación Superior y los procedimientos de acceso a la ciudadanía por naturalización e inversión.

Estos cambios en la ley de migraciones argentina han generado un profundo debate doctrinario en torno a su legalidad formal y su compatibilidad material con el orden constitucional vigente.

📜 II. Legalidad formal: análisis desde el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional a los cambios en la ley de migraciones argentina

El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede legislar, salvo en casos excepcionales donde sea imposible seguir el trámite parlamentario ordinario. Además, prohíbe expresamente que los DNU regulen materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos.

🧩 ¿Dónde está el problema?
El DNU 366/2025 no aborda materias prohibidas, pero tampoco justifica una urgencia real o concreta. No hay crisis sanitaria, ni colapso migratorio, ni contexto humanitario que justifique el uso de esta herramienta excepcional. El Ejecutivo no ha demostrado una imposibilidad objetiva de recurrir al Congreso.

📌 La interpretación restrictiva que exige la doctrina y la jurisprudencia lleva a cuestionar la legalidad formal del DNU 366/2025, y a sostener que su dictado no respeta los límites constitucionales.

🧠 III. Legalidad material: ¿qué derechos se ven afectados?

Más allá del procedimiento, el contenido del DNU genera una preocupación legítima sobre la afectación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).

🎓 1. Salud y educación solo para residentes permanentes

Se limita el acceso gratuito a salud y educación para extranjeros sin residencia permanente, exigiendo el pago de seguros o aranceles.

⚠️ ¿Qué se vulnera?

  • Artículo 14 CN (derechos de todos los habitantes).
  • Artículo 16 CN (igualdad ante la ley).
  • Artículos 23 y 24 inc. 75 (protección a grupos vulnerables).

Esto genera un retroceso en derechos sociales y choca con principios humanitarios básicos.

💸 2. Ciudadanía por inversión: desigualdad estructural

Se habilita una vía exprés para obtener ciudadanía argentina por inversión, favoreciendo a grandes capitales sobre residentes históricos.

🎯 Esta modificación rompe con:

  • El principio de arraigo como base de la nacionalidad.
  • La igualdad de trato para quienes aportan desde hace años al país.

⚖️ 3. Reducción de garantías procesales

El decreto acorta plazos, restringe recursos y agiliza expulsiones sin revisión judicial plena.

🔍 Se comprometen:

  • El debido proceso legal (art. 18 CN).
  • El derecho de defensa y acceso a la justicia.

🚫 4. Presunción de culpabilidad anticipada

Incluye entre las causales de inadmisibilidad a personas procesadas sin condena firme, violando el principio de presunción de inocencia.

🧩 IV. Conclusión: entre el autoritarismo normativo y la resistencia constitucional

El DNU 366/2025 es, en muchos sentidos, un ensayo de excepcionalidad legal sin fundamentos constitucionales válidos.

📌 Desde lo formal, no justifica la urgencia ni elude adecuadamente el procedimiento parlamentario.

📌 Desde lo material, restringe derechos fundamentales, introduce discriminaciones estructurales y vulnera garantías judiciales.

La doctrina jurídica más respetada ya anticipa acciones de inconstitucionalidad. El Congreso deberá pronunciarse, y la justicia tendrá la última palabra.

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