Sentencia Corte Constitucional ciudadanía italiana 2026: claves de la reforma y su impacto
La reciente discusión sobre la sentencia Corte Constitucional ciudadanía italiana 2026 ha abierto una fuerte controversia jurídica y social. El eje central gira en torno al artículo 3-bis de la Ley 74/2025, que introduce una limitación al reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis para personas nacidas en el extranjero y que ya tengan otra ciudadanía. A continuación, se analiza el contexto, los argumentos y las posibles implicancias.
¿Qué está en discusión? Sentencia Corte Constitucional ciudadanía italiana 2026
Dos tribunales italianos, Torino y Mantova, han presentado sendas ordinanzas ante la Corte Constitucional para impugnar la validez de este nuevo artículo. En particular, se cuestiona su aplicación retroactiva, es decir, a personas que nacieron antes de la entrada en vigor de la ley.
Esta retroactividad podría interpretarse como una privación ex tunc (desde el inicio) de un derecho previamente adquirido, lo que vulneraría principios constitucionales básicos como:
- La tutela del status civitatis (estatus de ciudadano).
- El principio de irretroactividad de la ley más gravosa.
- El principio de razonabilidad y proporcionalidad.
El caso Torino (Ord. 167/2025)
El Tribunale di Torino fue el primero en llevar el conflicto a la Corte Constitucional. El objeto fue la aplicación retroactiva del art. 3-bis a descendientes de italianos nacidos en el extranjero antes de su entrada en vigor.
Su argumentación se centra en que:
- El reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis tiene carácter declarativo, no constitutivo. Es decir, la ciudadanía se adquiere por nacimiento, no por reconocimiento posterior.
- Aplicar la ley a personas ya nacidas implicaría un acto de despojo de un derecho preexistente.
🗓️ Calendario: La audiencia está fijada para el 11 de marzo de 2026, con el juez Pitruzzella como relator.
El caso Mantova: una salida quirúrgica
El Tribunale di Mantova propone una solución quirúrgica: eliminar solo la retroactividad del art. 3-bis, manteniendo su validez para quienes nazcan luego de la entrada en vigor.
Esto permitiría a la Corte Constitucional:
- Respetar la finalidad de la ley (fomentar un legame effettivo con Italia).
- Evitar violaciones de derechos consolidados.
- Dictar una sentencia fácilmente aplicable y sin necesidad de inventar criterios complejos.
Sentencia 142/2025: lo que dice y lo que no
Aunque esta sentencia previa abordó la temática de ciudadanía, no se pronunció sobre la retroactividad del art. 3-bis.
Sin embargo, sienta principios doctrinales importantes:
- El legislador tiene discrecionalidad en materia de ciudadanía.
- Pero esta debe ejercerse respetando proporcionalidad y razonabilidad.
No existe, por tanto, una “convalidación” del art. 3-bis retroactivo. Esto deja abierta la posibilidad de que la Corte lo declare parcial o totalmente inconstitucional.
Derecho europeo y el TJUE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sostiene que:
- Los Estados miembros definen su normativa de ciudadanía.
- Pero deben hacerlo respetando los derechos fundamentales y la ciudadanía europea.
El caso Commissione c. Malta (C-181/23) establece que no se pueden imponer restricciones arbitrarias o desproporcionadas que contradigan la esencia de la ciudadanía europea.
Escenarios posibles tras la audiencia del 11 de marzo
- Inconstitucionalidad parcial: Se elimina la retroactividad, permitiendo aplicación solo hacia el futuro.
- Rechazo total: La Corte avala el art. 3-bis como está (escenario menos probable).
- Inadmisibilidad: Si se considera que la petición exige rediseñar la norma (técnicamente inviable).
Implicancias prácticas de la Sentencia Corte Constitucional ciudadanía italiana 2026
Mientras no se dicte sentencia:
- Los consulados y comuni seguirán aplicando el art. 3-bis conforme a la interpretación del MAECI.
- Los casos de nacidos antes de la reforma deben blindarse documentalmente.
En la vía judicial, se está construyendo una estrategia sólida basada en:
- El derecho adquirido desde el nacimiento.
- La desproporcionalidad de la retroactividad.
- La vulneración del derecho a la ciudadanía europea.
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