El iure sanguinis no se concede: se reconoce como derecho originario desde el nacimiento
El Iure sanguinis como derecho originario. Nuestra posición es clara: la ciudadanía italiana iure sanguinis no es un beneficio, no es una gracia administrativa y no es una concesión del Estado. Es un derecho originario, personalísimo e imprescriptible desde el nacimiento cuando la línea de transmisión se mantiene jurídicamente válida. El trámite no crea la ciudadanía: la reconoce.
La ciudadanía italiana por descendencia se ha explicado demasiadas veces como si fuera un trámite migratorio más. Como si una persona “pidiera” ser italiana y el Estado decidiera si se lo concede. Como si la ciudadanía apareciera recién cuando se consigue un turno, cuando se presenta una carpeta, cuando se dicta una sentencia o cuando un Comune transcribe un acta.
Esa forma de hablar no es inocente.
Reduce un status jurídico personal a un expediente. Convierte un derecho de nacimiento en una autorización administrativa. Coloca al descendiente en el lugar de quien pide un favor, cuando en realidad el punto jurídico de fondo es otro: verificar si la ciudadanía italiana fue transmitida desde el nacimiento por una línea jurídicamente válida.
Nuestra posición es exactamente la contraria.
El iure sanguinis no funciona como un premio. No es una nacionalidad que se otorga por simpatía histórica, por apellido, por afinidad cultural o por una decisión discrecional de la administración. Es una forma originaria de ciudadanía basada en la transmisión familiar.
Cuando la cadena jurídica no se interrumpió, la ciudadanía no aparece el día del turno.
No nace el día de la sentencia.
No aparece el día de la transcripción.
Tampoco el día en que se emite el pasaporte.
Ese día, en todo caso, el Estado la reconoce.
La diferencia es enorme.
Y después de la Ley 74/2025, esa diferencia se volvió todavía más importante.
La ciudadanía no nace del expediente
El primer error es confundir ciudadanía, reconocimiento, trámite y registro.
La ciudadanía es el status jurídico de la persona.
El reconocimiento es la constatación formal de ese status por parte de una autoridad competente.
El trámite es el procedimiento que permite pedir esa constatación.
El registro es la inscripción o actualización de datos en los sistemas italianos.
Estas cuatro cosas están conectadas, pero no son lo mismo.
Una persona no se vuelve italiana porque consiguió un turno.
No se vuelve italiana porque cargó documentos en una plataforma.
Ni porque un Comune abrió un expediente.
No se establece italiana porque el Consulado recibió una carpeta.
Si la transmisión iure sanguinis existió, el trámite no crea el derecho.
Lo verifica.
Por eso, hablar de “obtener ciudadanía italiana por descendencia” puede ser útil en lenguaje cotidiano, pero jurídicamente es una forma incompleta de explicar el fenómeno.
La expresión más precisa es otra: reconocimiento de ciudadanía italiana.
Y esa palabra importa: reconocimiento.
Reconocer no es conceder.
Reconocer es constatar algo que, jurídicamente, ya existe o existía.
La propia estructura normativa italiana parte de esa lógica: el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano explica que el art. 1 de la Ley 91/1992 establece que es ciudadano por nacimiento el hijo de padre o madre ciudadanos, confirmando el ius sanguinis como principio central de adquisición de la ciudadanía italiana.
El iure sanguinis es un derecho originario
Decimos que el iure sanguinis es un derecho originario porque no depende de una decisión constitutiva posterior.
No nace porque alguien lo solicite.
Ni porque una oficina lo apruebe.
No nace porque la administración tenga disponibilidad de turnos.
No nace porque un funcionario decida “otorgarlo”.
Nace con la persona cuando, al momento de su nacimiento, existe una transmisión válida desde un ciudadano italiano y no se produjo un corte jurídico en la línea.
Esa es la idea central.
El Estado no “regala” la ciudadanía italiana iure sanguinis. El Estado controla si esa ciudadanía corresponde ser reconocida. Revisa documentos, fechas, filiaciones, naturalizaciones, renuncias, matrimonios, reglas históricas y continuidad de la transmisión.
Pero ese control no cambia la naturaleza del derecho.
El control puede confirmar o rechazar.
Puede reconocer o no reconocer.
Tambien detectar una interrupción de la línea.
Puede exigir prueba.
Pedir documentación.
Puede señalar inconsistencias.
Pero si la ciudadanía fue transmitida correctamente, el procedimiento no la crea.
La declara.
El Estado reconoce; no concede
Esta es nuestra posición y la sostenemos con firmeza: en el iure sanguinis, el Estado no concede ciudadanía. Reconoce un status.
La concesión pertenece a otra lógica.
Se concede algo cuando el derecho no existe previamente y depende de una decisión estatal que lo atribuye. Eso puede tener sentido en otros supuestos de ciudadanía, como determinadas formas de naturalización o adquisición posterior.
Pero el iure sanguinis es distinto.
En la ciudadanía por descendencia, la persona no está pidiendo que Italia la convierta en italiana por primera vez. Está pidiendo que Italia verifique una realidad jurídica: si nació o no nació italiana por transmisión familiar.
Por eso, el lenguaje importa.
No es lo mismo decir:
“Quiero que me den la ciudadanía italiana.”
Que decir:
“Quiero que se reconozca mi ciudadanía italiana por descendencia.”
La primera frase coloca a la persona en posición de solicitante de un beneficio.
La segunda coloca el debate donde corresponde: en el plano del status, la filiación y la continuidad jurídica de la línea.
Personalísimo: porque pertenece a la persona, no al expediente
También sostenemos que el iure sanguinis tiene una dimensión personalísima.
No hablamos de un permiso administrativo transferible.
Ni de una ventaja económica.
No hablamos de una inscripción registral aislada.
Hablamos de la pertenencia jurídica de una persona a una comunidad política desde su nacimiento.
Ese status se proyecta sobre la identidad civil, el nombre, la filiación, la nacionalidad, la transmisión a los hijos, la inscripción en registros, el acceso a derechos y la relación jurídica con el Estado italiano.
Por eso no puede tratarse como si fuera una práctica burocrática cualquiera.
La ciudadanía no es la carpeta.
No es el turno.
La ciudadanía no es Prenot@mi.
No es FAST IT.
La ciudadanía no es AIRE.
La ciudadanía no es la transcripción.
Todas esas herramientas, registros o procedimientos pueden ser relevantes. Algunas son necesarias para hacer operativo el reconocimiento, actualizar datos o ejercer derechos. Pero ninguna de ellas debe confundirse con la ciudadanía misma.
El AIRE registra a ciudadanos italianos residentes en el exterior. No otorga ciudadanía.
FAST IT es una plataforma consular. No crea ciudadanía.
El Comune puede intervenir en registros y transcripciones. No transforma por sí solo a una persona en italiana si el status no existe.
Esta diferencia es central para no degradar el iure sanguinis a una cuestión de ventanilla.
Imprescriptible: el paso del tiempo no borra el origen
Nuestra posición también es firme en este punto: si la ciudadanía italiana iure sanguinis nació válidamente con la persona, el simple paso del tiempo no debería destruir ese status.
La ciudadanía de nacimiento no es una oportunidad comercial con fecha de caducidad.
No es un cupón que vence.
No es una opción que desaparece solo porque una persona no la ejerció durante años.
Puede haber cortes de línea. Haber renuncias. Puede haber naturalizaciones con efectos interruptivos según la época. Haber problemas de filiación. Puede haber reglas históricas que cambien el análisis. Puede haber reformas que intenten reordenar el acceso al reconocimiento.
Pero una cosa es analizar si el derecho existió y otra muy distinta es afirmar que el derecho desaparece por no haber sido tramitado antes.
La inactividad administrativa no debe confundirse con inexistencia del status.
Una persona puede haber sido ciudadana italiana desde el nacimiento aunque nunca lo haya sabido. Puede haberlo descubierto tarde. Haber empezado a reconstruir su historia familiar de adulta. Puede haber encontrado documentos después de años. Puede haber dependido de archivos, registros, rectificaciones o certificados que no estaban disponibles fácilmente.
Nada de eso convierte automáticamente su ciudadanía originaria en una concesión futura.
El reconocimiento puede llegar tarde.
El status, si existía, no nació tarde.
La Ley 74/2025 invierte la lógica clásica del iure sanguinis
La Ley 74/2025 no es solo una reforma de requisitos.
No es únicamente una reorganización administrativa.
No es simplemente una regla nueva para casos futuros.
La Ley 74/2025 introduce una inversión conceptual profunda en la ciudadanía italiana por descendencia.
El nuevo art. 3-bis de la Ley 91/1992 establece que, en derogación de las reglas previas de transmisión, debe considerarse que no ha adquirido nunca la ciudadanía italiana quien nació en el exterior, incluso antes de la entrada en vigor del artículo, y posee otra ciudadanía, salvo que se encuentre dentro de alguna de las excepciones previstas.
Obsérvese lo que no dice.
No habla de revoca.
NI de pérdida.
No habla de quita.
No dice que determinadas personas “dejan de ser” ciudadanas italianas.
Dice algo más fuerte: que ciertas personas deben ser consideradas como si nunca hubieran adquirido la ciudadanía italiana.
Esa fórmula no es neutra.
Construye una ficción jurídica.
No se retira un status.
Se redefine que ese status nunca existió.
Y ahí está el punto más delicado de toda la reforma.
Porque el iure sanguinis, en su lógica clásica, parte de una premisa opuesta: la ciudadanía se transmite por nacimiento cuando la línea es válida, y el Estado no la concede, sino que la reconoce.
La Ley 74/2025 invierte esa lógica.
En lugar de partir del status originario y controlar si fue correctamente transmitido, introduce una regla que redefine retroactivamente la adquisición para una amplia categoría de personas nacidas antes de la reforma.
Dicho de forma simple: la reforma no solo mira hacia adelante.
Reescribe jurídicamente el pasado.
Y nuestra posición frente a eso es firme: cuando una norma necesita decir que alguien debe ser considerado como si nunca hubiera adquirido la ciudadanía, no está simplemente regulando un trámite futuro. Está interviniendo sobre la comprensión misma del iure sanguinis como derecho originario.
No es revoca: es ficción de no adquisición
La diferencia entre revoca, pérdida y “nunca adquisición” no es un juego de palabras.
Es el centro del problema.
Si una ley hablara de revoca, estaría diciendo: había un status, pero se lo retira desde ahora.
Si hablara de pérdida, estaría diciendo: había un status, pero se perdió por una causa posterior.
Si hablara de quita, estaría diciendo: había un derecho, pero el Estado lo elimina.
La Ley 74/2025 toma otro camino.
No dice que había ciudadanía y luego se perdió.
Dice que determinadas personas deben ser consideradas como si nunca la hubieran adquirido.
Ese movimiento jurídico evita hablar de sustracción de un status ya reconocido, pero al mismo tiempo produce un efecto igual o más profundo: desplaza la discusión desde la pérdida hacia la inexistencia originaria.
Ese es el punto que debe explicarse con claridad.
La reforma no “quita” algo en términos clásicos.
Hace algo más sofisticado: reconstruye el pasado normativo de manera retroactiva y afirma que, para ciertos sujetos, la ciudadanía nunca nació.
Por eso hablamos de inversión del iure sanguinis.
Porque allí donde la tradición jurídica decía “la ciudadanía nace por transmisión y luego se reconoce”, la reforma introduce otra fórmula: “aunque esa transmisión hubiera operado bajo el régimen anterior, ahora debe considerarse que nunca adquiriste, salvo que encajes en una excepción”.
Nuestra posición no acepta esa inversión como una explicación natural del iure sanguinis.
La identifica como lo que es: una ficción legal retroactiva.
La Corte Constitucional validó esa técnica en la sentencia 63/2026
La sentencia 63/2026 es central porque la Corte Constitucional italiana convalidó el núcleo de esa técnica.
No la presentó como revoca.
No la trató como pérdida.
No la leyó como una simple regla de trámite.
La Corte sostuvo que el art. 3-bis deroga ex tunc las normas que preveían la transmisión ilimitada de la ciudadanía por filiación y que configura un caso de retroactividad propia: atribuye a hechos anteriores consecuencias jurídicas distintas de las que tenían en su marco temporal de referencia.
La Corte fue todavía más precisa: afirmó que la nueva disposición configura una preclusión originaria a la adquisición de la ciudadanía italiana para extranjeros nacidos en el exterior, y no una revoca. También explicó que la revoca opera ex nunc, mientras que el art. 3-bis produce efectos ex tunc.
Esto debe decirse sin rodeos.
La Corte Constitucional validó la retroactividad.
Validó la técnica de la no adquisición originaria.
Validó la idea de que, para determinadas personas nacidas en el exterior y con otra ciudadanía, la ley pueda operar hacia atrás y redefinir los efectos de una transmisión que hasta entonces se entendía bajo otra lógica.
Pero que la Corte haya validado esa técnica no nos obliga a renunciar a nuestra posición de fondo.
Al contrario.
La sentencia confirma la dimensión del problema.
No estamos ante una discusión menor de ventanilla. Estamos ante una transformación conceptual del iure sanguinis.
Nuestra posición frente a la sentencia 63/2026 y al Iure sanguinis como derecho originario
Nuestra posición no desconoce la sentencia 63/2026.
La leemos de frente.
La Corte sostuvo que la norma no opera como revoca, sino como preclusión originaria. Sostuvo que el art. 3-bis produce efectos retroactivos propios. Sostuvo que no afecta a quienes ya tenían una posición consolidada por reconocimiento, domanda presentada o appuntamento comunicado dentro del corte.
Pero nuestra posición es clara: validar constitucionalmente una técnica no convierte esa técnica en una descripción natural del iure sanguinis.
La Corte validó la arquitectura legal.
Nosotros discutimos su efecto conceptual.
La ciudadanía iure sanguinis, en su lógica de fondo, no nace del expediente. Nace de la transmisión. La Ley 74/2025 introduce una ficción retroactiva que impide reconocer esa adquisición para determinadas categorías. Esa ficción puede estar vigente. Puede haber sido convalidada. Puede condicionar el análisis de los casos.
Pero no debe confundirse con la naturaleza histórica y jurídica del iure sanguinis como derecho originario.
En otras palabras: que el legislador haya decidido decir “debe considerarse que nunca adquirió” no significa que el trámite haya sido siempre la fuente del derecho.
Significa que la ley introdujo una barrera retroactiva para negar efectos a esa transmisión en determinados supuestos.
Esa distinción es clave.
La activación previa se vuelve decisiva
La propia sentencia 63/2026 muestra que no todos los casos pueden ser pensados como una masa homogénea.
La Corte consideró razonable que el legislador protegiera a quienes ya habían presentado una domanda de accertamento o habían recibido un appuntamento, porque esa circunstancia aumenta el peso de su confianza legítima. Pero también dejó expresamente abierta la cuestión relativa a la diferencia entre quien recibió appuntamento y quien había iniciado la procedura de reconocimiento de ciudadanía sin haber recibido turno antes de las 23:59 del 27 de marzo de 2025.
Ese pasaje es decisivo.
Porque confirma que la activación previa no es una ocurrencia retórica.
Es una zona jurídicamente relevante que la Corte no cerró.
La sentencia validó la retroactividad general de la reforma. Pero al mismo tiempo reconoció que el affidamento no pesa igual en todos los casos. No es lo mismo quien permaneció completamente inerte que quien había iniciado una actividad real, documentada y funcionalmente dirigida al reconocimiento.
Ahí está el espacio de discusión.
La Ley 74/2025 intenta construir una regla general de no adquisición originaria. La Corte la valida en términos constitucionales dentro del caso examinado. Pero queda abierta una zona intermedia: personas que no habían llegado a una domanda formal, no tenían appuntamento comunicado o no habían presentado demanda judicial antes del corte, pero sí habían desplegado actos objetivos de activación previa.
Nuestra posición es firme: no debería tratarse igual a quien no hizo nada y a quien ya había iniciado seriamente el camino de reconocimiento.
No haber llegado al trámite no siempre significa no haber hecho nada
La ciudadanía iure sanguinis no se prepara de un día para otro.
Antes de una domanda administrativa o de una demanda judicial, muchas veces existe una fase previa larga, costosa y jurídicamente relevante: búsqueda de actas, reconstrucción genealógica, certificados de naturalización o no naturalización, rectificaciones, traducciones, apostillas, revisión técnica y definición de vía.
Esa fase documental no es decorativa.
Es el presupuesto práctico de la presentación.
Por eso, cuando antes del 27 de marzo de 2025 una persona ya había iniciado una secuencia objetiva de actos dirigidos al reconocimiento, su situación no puede confundirse con la de quien nunca hizo nada.
La activación previa no significa “pensaba hacerlo”.
Ni “tenía ganas”.
No significa “mi familia hablaba del tema”.
No significa “tengo apellido italiano”.
Significa actos externos, fechados, verificables, económicamente relevantes, continuos y conectados con una línea iure sanguinis concreta.
Pedidos de partidas.
Comprobantes de pago.
Solicitudes ante registros civiles.
Comunicaciones con comuni, archivos, parroquias o curias.
Rectificaciones administrativas o judiciales.
Traducciones públicas.
Legalizaciones.
Apostillas.
Intervención profesional.
Informes de control documental.
Cronología coherente de armado de carpeta.
Eso no es inercia.
Eso es activación.
Y esa activación, en el escenario posterior a la Ley 74/2025 y a la sentencia 63/2026, se vuelve una categoría central para discutir la razonabilidad de tratar todos los casos no reconocidos como si fueran idénticos.
El formalismo no puede borrar la realidad del reconocimiento del Iure sanguinis como derecho originario
Una lectura formalista diría: si no había domanda, appuntamento comunicado o demanda judicial antes del corte, no hay nada que discutir.
Nuestra posición es distinta.
No decimos que la preparación documental equivalga formalmente a una domanda.
Ni que cualquier gestión aislada baste.
No decimos que toda persona que haya pedido un acta queda automáticamente protegida.
Decimos algo más preciso y más fuerte: cuando existe una activación previa seria, documentada y funcionalmente dirigida al reconocimiento, el caso no puede ser tratado como si hubiera existido absoluta inercia.
La diferencia importa porque el iure sanguinis no nace del trámite.
El trámite es la vía para probarlo.
Entonces, si antes del corte una persona ya estaba realizando actos indispensables para probar la transmisión, esa conducta debe tener relevancia en el análisis del affidamento.
Negarlo sería convertir el acceso formal al expediente en la única forma de existencia jurídica.
Y esa es precisamente la lógica que rechazamos.
La reforma puede estar vigente, pero no borra nuestra posición sobre el Iure sanguinis como derecho originario
La Ley 74/2025 cambió el escenario.
Eso es evidente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano informa que, con el D.L. 36/2025 convertido por la Ley 74/2025, la adquisición automática de ciudadanía para nacidos en el exterior con otra ciudadanía queda subordinada a las excepciones del art. 3-bis de la Ley 91/1992.
Pero nuestra posición de fondo no cambia.
Una reforma puede cambiar condiciones.
Puede modificar vías.
Puede imponer restricciones.
Puede introducir excepciones.
Puede crear litigios.
Puede obligar a revisar fechas, actos previos, reconocimiento ya obtenido, turnos, demandas, residencia, generaciones o vínculos.
Pero no aceptamos que el debate se reduzca a una idea simplista: “si el Estado no te reconoció antes, entonces nunca existió nada”.
Esa frase invierte la lógica del iure sanguinis.
El reconocimiento no es el nacimiento del derecho.
Es la constatación formal de un status cuya existencia debe analizarse conforme a la línea de transmisión y al régimen jurídico aplicable.
La Ley 74/2025 introduce una ficción de no adquisición para determinados supuestos.
La Corte Constitucional validó esa ficción en la sentencia 63/2026.
Nosotros sostenemos que esa validación no borra la naturaleza originaria del iure sanguinis ni elimina la discusión sobre quienes se habían activado antes del corte.
No defendemos automatismos: defendemos la naturaleza del Iure sanguinis como derecho originario
Ser firmes no significa ser irresponsables.
Nuestra posición no es que toda persona con un apellido italiano sea ciudadana.
Eso sería falso.
Tampoco sostenemos que cualquier descendiente, en cualquier generación, bajo cualquier circunstancia, tenga automáticamente un caso reconocible.
Eso también sería incorrecto.
La ciudadanía italiana no se analiza con slogans. Se analiza con documentos, fechas, filiación, naturalizaciones, renuncias, reglas históricas, transmisión paterna o materna, nacimiento antes o después de determinadas fechas, estado civil, criterios administrativos y efectos de reformas posteriores.
Pero una vez dicho eso, hay que decir también lo importante: cuando la línea es jurídicamente válida, el derecho no depende de la generosidad del Estado.
Depende de la transmisión.
El Estado puede controlar.
Puede exigir prueba.
Puede rechazar si la prueba no alcanza.
Puede discutir la interpretación normativa.
Puede aplicar el régimen que considere vigente.
Puede litigar.
Pero no debería presentarse como dueño absoluto de una ciudadanía que, en el iure sanguinis, se transmite por nacimiento.
El trámite ordena, pero no crea
El trámite cumple una función necesaria.
Sin trámite, muchas veces la ciudadanía no puede ejercerse en la práctica. No se puede obtener pasaporte. No se actualizan registros. No se inscriben hijos. No se accede a determinados servicios. No se emiten certificados. No se produce la plena operatividad administrativa del status.
Pero eso no convierte al trámite en fuente del derecho.
El trámite es el camino para que el Estado verifique y registre. Es una vía de acceso al reconocimiento. Es el instrumento que permite transformar una situación jurídica no documentada en una situación formalmente acreditada.
El problema aparece cuando se confunde eficacia práctica con existencia jurídica.
Una persona puede tener un derecho y no poder ejercerlo plenamente porque todavía no fue reconocido. La falta de reconocimiento formal puede generar obstáculos, demoras y necesidad de prueba. Pero no significa necesariamente que el derecho no existiera.
En ciudadanía iure sanguinis, esta distinción es esencial.
El expediente puede ser nuevo.
La ciudadanía, si corresponde, puede ser originaria.
El reconocimiento tardío no convierte el derecho en posterior
Uno de los errores más graves es creer que una persona “se vuelve italiana” el día en que recibe el reconocimiento.
En nuestra posición, eso es incorrecto para el iure sanguinis.
El reconocimiento puede tener una fecha administrativa. La sentencia puede tener una fecha. La transcripción puede tener una fecha. El pasaporte puede emitirse en una fecha. El AIRE puede actualizarse en una fecha.
Pero esas fechas no necesariamente indican cuándo nació el status.
Indican cuándo el Estado lo registró, lo declaró o lo hizo operativo.
Esto no es un detalle. Es el corazón del asunto.
Si el derecho es originario, el reconocimiento tiene naturaleza declarativa. Declara una realidad jurídica. No la fabrica.
Por eso, cuando una persona obtiene el reconocimiento de ciudadanía iure sanguinis, no debería entenderse que Italia “la hizo italiana” ese día.
Lo que ocurrió es que se verificó que esa persona era italiana conforme a una cadena de transmisión válida.
Esa diferencia explica por qué el iure sanguinis no puede reducirse a un formulario.
El apellido italiano no alcanza, pero el expediente tampoco manda sobre el derecho
Hay dos errores opuestos.
El primero es creer que basta con tener apellido italiano.
No basta.
El apellido puede ser una pista familiar, pero no prueba ciudadanía. La ciudadanía se transmite por una línea jurídica concreta, no por identidad cultural o memoria familiar.
El segundo error es creer que el expediente crea la ciudadanía.
Tampoco.
El expediente prueba, ordena y permite el reconocimiento. Pero si la línea está jurídicamente intacta, el expediente no es la fuente del derecho. Es la vía para demostrarlo.
Entre esos dos errores está la posición correcta:
la ciudadanía italiana iure sanguinis nace por transmisión, se prueba con documentos y se reconoce mediante un procedimiento.
Esa frase resume nuestra lectura.
Nace por transmisión.
Se prueba con documentos.
Se reconoce mediante un procedimiento.
No se concede como favor.
La documentación no es una formalidad menor
Defender el carácter originario del iure sanguinis no significa minimizar la prueba documental.
Al contrario.
Si el derecho nace por transmisión, la documentación es el modo de reconstruir esa transmisión. Las actas, certificados de naturalización o no naturalización, traducciones, apostillas, rectificaciones y registros no son simples papeles. Son la evidencia de la línea.
La documentación no crea la ciudadanía.
Pero sin documentación, no hay reconocimiento serio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano indica que, tras la reforma, quienes solicitan reconocimiento deben producir documentación apta para acreditar las condiciones exigidas.
Esto confirma algo importante: el trámite no es una concesión discrecional, sino un proceso de verificación.
El Estado no debería preguntarse si quiere conceder una ciudadanía nueva.
Debe verificar si la ciudadanía fue transmitida y si, bajo el régimen aplicable, puede ser reconocida.
Por qué esta posición importa hoy
Esta discusión no es teórica.
Tiene consecuencias reales.
Cuando se presenta el iure sanguinis como una concesión, se debilita la posición de los descendientes. Se los coloca en el lugar de quienes piden un favor. Se naturaliza la idea de que el Estado puede redibujar el pasado sin explicar qué ocurre con quienes nacieron bajo una cadena de transmisión válida.
Cuando se entiende el iure sanguinis como derecho originario, el enfoque cambia.
La pregunta ya no es:
“¿Italia quiere darte la ciudadanía?”
La pregunta correcta es:
“¿La ciudadanía italiana fue transmitida jurídicamente hasta vos?”
Y después:
“¿Qué vía existe para que ese status sea reconocido o discutido?”
Ese cambio de lenguaje cambia todo.
Cambia el análisis documental.
Cambia la estrategia.
Cambia el lugar del trámite.
Cambia la forma de leer las reformas.
Cambia la manera de explicar los derechos a las familias.
Y también cambia la manera de discutir judicialmente los casos afectados por restricciones posteriores.
Nuestra posición frente al Iure sanguinis como derecho originario
Nuestra posición puede resumirse en diez afirmaciones:
Primero: la ciudadanía italiana iure sanguinis es una ciudadanía de nacimiento cuando existe transmisión válida.
Segundo: el Estado no la concede; la reconoce.
Tercero: el trámite no crea el derecho; verifica si el derecho existe y si puede ser reconocido bajo el régimen aplicable.
Cuarto: el reconocimiento puede ser tardío, pero eso no convierte la ciudadanía en posterior.
Quinto: AIRE, FAST IT, Comune, Consulado, turno, expediente y transcripción no son la ciudadanía; son herramientas, registros o vías vinculadas a su reconocimiento o ejercicio.
Sexto: el derecho es personalísimo porque se refiere al status jurídico de la persona.
Séptimo: el derecho no debería considerarse extinguido por el simple paso del tiempo si la línea se mantuvo jurídicamente válida.
Octavo: la prueba documental es indispensable, porque sin prueba no hay reconocimiento serio.
Noveno: la Ley 74/2025 introduce una ficción retroactiva de no adquisición para determinadas personas nacidas en el exterior y con otra ciudadanía.
Décimo: la sentencia 63/2026 validó esa técnica, pero no elimina nuestra posición de fondo: el iure sanguinis no es una concesión administrativa.
Esta es la base desde la cual leemos el debate actual.
Lo que no aceptamos
No aceptamos que se hable del iure sanguinis como si fuera una lotería.
No aceptamos que se reduzca la ciudadanía de nacimiento a una práctica burocrática.
No aceptamos que se confunda falta de turno con falta de derecho.
No aceptamos que se confunda falta de reconocimiento formal con inexistencia automática del status.
No aceptamos que se presente al descendiente como alguien que pide un favor al Estado italiano.
No aceptamos que el expediente sea tratado como fuente de la ciudadanía.
No aceptamos que una plataforma digital tenga más centralidad conceptual que la filiación.
No aceptamos que el lenguaje administrativo borre la naturaleza originaria del derecho.
No aceptamos que la ficción de “nunca adquisición” se presente como si fuera la esencia natural del iure sanguinis.
Este punto es esencial para CiudadaniaItaliana.eu: explicar mejor también significa nombrar mejor.
Y en ciudadanía italiana, nombrar mal genera confusión, malas decisiones y expectativas equivocadas.
Lo que sí sostenemos sobre el Iure sanguinis como derecho originario
Sostenemos que la ciudadanía italiana iure sanguinis debe analizarse desde la transmisión.
Sostenemos que el reconocimiento debe partir de la idea de status originario.
Sostenemos que la prueba documental es el puente entre el derecho y su reconocimiento.
Sostenemos que las reformas deben leerse sin borrar la historia jurídica de la persona.
Sostenemos que el Estado tiene derecho a controlar, pero no a convertir conceptualmente una ciudadanía de nacimiento en una concesión discrecional.
Sostenemos que el descendiente no “compra” ni “recibe” ciudadanía italiana: acredita si la ciudadanía le fue transmitida.
Sostenemos que el trámite importa, pero no manda sobre la naturaleza del derecho.
Sostenemos que la Ley 74/2025 produjo una inversión retroactiva del iure sanguinis para determinados supuestos.
Sostenemos que la activación previa es una categoría decisiva para discutir si todos los no reconocidos pueden ser tratados igual.
Y sostenemos que, cuando hay línea válida, la palabra correcta no es concesión.
La palabra correcta es reconocimiento.
Impacto práctico para quienes están analizando su ciudadanía
Para una persona que está evaluando su ciudadanía italiana, esta posición tiene una consecuencia práctica: no debería empezar preguntando “qué trámite hago”, sino “qué status puedo acreditar”.
La diferencia parece sutil, pero no lo es.
El orden correcto es:
identificar el ascendiente italiano;
reconstruir la línea de transmisión;
verificar naturalizaciones, renuncias y posibles cortes;
analizar fechas relevantes;
revisar el impacto de la Ley 74/2025;
verificar si existe reconocimiento previo, domanda, appuntamento, demanda o activación previa;
preparar documentación completa;
definir estrategia de reconocimiento o discusión judicial.
El trámite viene después de entender el derecho.
Cuando se empieza por el trámite sin entender el status, aparecen errores: carpetas mal armadas, vías incorrectas, expectativas falsas, confusión entre AIRE y ciudadanía, turnos buscados sin diagnóstico previo o demandas planteadas sin base documental suficiente.
La ciudadanía no se improvisa.
Se reconstruye.
Y se reconstruye desde una idea central: si existe iure sanguinis, existe una ciudadanía de origen que debe ser acreditada y reconocida.
Iure sanguinis como derecho originario: no es una concesión, es reconocimiento
Nuestra posición es firme.
El iure sanguinis no es una concesión.
No es un beneficio migratorio.
No es un favor del Estado.
No es una ciudadanía que aparece mágicamente al final de un expediente.
Es un derecho originario, personalísimo e imprescriptible desde el nacimiento cuando la línea de transmisión se mantuvo jurídicamente válida.
La Ley 74/2025 introdujo una ficción jurídica retroactiva: para determinadas personas nacidas en el exterior y con otra ciudadanía, dispone que deben ser consideradas como si nunca hubieran adquirido la ciudadanía italiana, salvo excepciones.
La Corte Constitucional, en la sentencia 63/2026, validó esa técnica como retroactividad propia y como preclusión originaria a la adquisición, no como revoca.
Pero nuestra posición no cambia.
Esa validación no convierte al iure sanguinis en una concesión administrativa. No transforma el trámite en fuente del derecho. No borra la diferencia entre ciudadanía, reconocimiento, expediente y registro. Y no elimina la discusión sobre quienes, antes del corte, ya se habían activado de forma seria, documentada y orientada al reconocimiento.
El Estado puede exigir prueba.
Debe controlar.
Puede rechazar casos sin transmisión válida.
Puede aplicar normas.
Puede organizar procedimientos.
Puede registrar, transcribir y verificar.
Pero no debería apropiarse conceptualmente de la fuente del derecho.
En la ciudadanía italiana iure sanguinis, la fuente no es la ventanilla.
La fuente es la transmisión jurídicamente válida, la filiación acreditada y la continuidad de un status que nace con la persona.
Por eso lo decimos sin rodeos:
la ciudadanía italiana iure sanguinis no se concede. Se reconoce.
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FAQs sobre el iure sanguinis como derecho originario
¿El iure sanguinis es una concesión del Estado italiano?
No. Nuestra posición es clara: el iure sanguinis no es una concesión. Cuando existe una línea de transmisión jurídicamente válida, la ciudadanía italiana nace con la persona. El Estado no la concede; la reconoce mediante un procedimiento de verificación.
¿La ciudadanía italiana por descendencia nace el día del trámite?
No. El trámite no crea la ciudadanía. El trámite sirve para verificar si la ciudadanía fue transmitida y si puede ser reconocida bajo el régimen aplicable. La fecha del expediente no debe confundirse con la fecha de nacimiento del status.
¿Qué cambió con la Ley 74/2025?
La Ley 74/2025 introdujo el art. 3-bis de la Ley 91/1992, que establece que determinadas personas nacidas en el exterior y con otra ciudadanía deben ser consideradas como si nunca hubieran adquirido la ciudadanía italiana, salvo que encajen en las excepciones previstas. Es una ficción jurídica de no adquisición, no una revoca.
¿Qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia 63/2026?
La Corte Constitucional validó la técnica del art. 3-bis como retroactividad propia y como preclusión originaria a la adquisición de ciudadanía, no como revoca. Pero también dejó abierta la cuestión de quienes habían iniciado la procedura de reconocimiento sin haber recibido appuntamento antes del corte del 27 de marzo de 2025.
¿Qué significa activación previa?
Significa haber realizado antes del 27 de marzo de 2025 actos externos, fechados, verificables y conectados con el reconocimiento de la ciudadanía italiana: pedidos de actas, pagos, rectificaciones, traducciones, apostillas, comunicaciones con autoridades o armado técnico de carpeta. No es una garantía, pero puede ser una categoría relevante para diferenciar un caso de la inercia absoluta.
¿Tener apellido italiano alcanza para reclamar ciudadanía?
No. El apellido italiano puede ser una pista familiar, pero no prueba ciudadanía. Para hablar de iure sanguinis hay que reconstruir una línea de transmisión válida, revisar naturalizaciones, renuncias, fechas, filiación, documentación y régimen aplicable.
